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Reformas al ‘Outsourcing’: ¿un beneficio laboral o un atentado a la economía?

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Diseño: José Mata

El 23 de octubre el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social en materia de subcontratación laboral, práctica mejor conocida como Outsourcing. Sin embargo, las empresas advierten que de aprobarse sería un atentado a la economía mexicana.

El pasado 3 de diciembre las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen. Pero antes de pasarlo al Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, solicitó posponer el análisis y la discusión de la iniciativa.

Esto a causa de que las empresas acusan que el dictamen busca acabar con la subcontratación y exhortaron al poder ejecutivo a establecer un diálogo antes de aprobarlo. Por ello, Monreal dijo que la iniciativa requiere de mayor reflexión y será analizada en Parlamento Abierto, con la participación de los involucrados, antes de pasar a la Cámara Alta.

¿Qué dice la iniciativa?

La iniciativa de Napoleón Gómez propone añadir cuestiones a la regulación del outsourcing, práctica donde un contratista presta servicios de sus trabajadores, bajo su dependencia, a otra empresa. Aunque la subcontratación ya existe en la Ley Federal del Trabajo; el senador señala que hay empresas que incurren a prácticas ilegales como la simulación de relaciones laborales, evasiones del fisco federal y de las cargas de seguridad social por parte de los contratistas.

Por ello, el senador propuso reformar la Ley , para imponer penalizaciones a las empresas que incurran a simulaciones en materia de subcontratación. Las reformas consisten en que la práctica sólo se podrá podrá realizar respecto a actividades laborales ajenas al giro de la empresa contratista. Por ejemplo, una empresa de comunicación no puede contratar a un reportero bajo outsourcing.

También considera prohibir los actos simulados: no se puede realizar subcontratación para que el trabajador haga labores esenciales de la empresa. Tampoco debe existir una relación (laboral, profesional o económica) entre el contratista y el contratante. En caso de evadir esas normas, las empresas pueden ser penadas incluso por el delito de delincuencia organizada.

Aunque la ley no dice que desaparecerá la figura de la subcontratación, “si bien no lo dice abiertamente, de manera restrictiva impide su uso, además de que en todo momento se pide la penalización en caso de incumplir con los nuevos requisito”, de acuerdo una nota de El Economista.

Por otra parte, se especifica que las personas contratadas bajo el régimen de subcontratación deberán gozar de sus derecho laborales. Aunque esto ya está establecido en la Ley actual, con la reforma sería más específico.

Además se establece la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En cuanto a la reforma a la Ley de Seguro Social, se busca añadir la figura de subcontratación, para que los trabajadores bajo este régimen sean sujetas de aseguramiento.

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Foto: PixaBay.

¿Qué dicen las empresas?

Para Elena Achar, directora de Relaciones Institucionales de TallentiaMX,  la iniciativa “juzga como entes criminales, tanto a los que transfieren a sus trabajadores como a los que los reciben [..]. El objetivo es criminalizar a una industria que genera productividad que ha generado crecimiento económico», dijo en entrevista con Spondeo Media.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial señaló en un comunicado, el 2 de diciembre, que la iniciativa busca prohibir la figura de la subcontratación. “Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos; ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera. Además busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”.

Del mismo modo, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) en un boletín dijo que “Expresa su total y firme desacuerdo con esa pretensión, ya que sobre el tema no ha existido el suficiente diálogo y, por lo tanto, la considera unilateral e inconveniente, inadecuada y desproporcionada y de muy graves consecuencias ya que genera un alto grado de incertidumbre y por lo tanto arriesga la inversión, criminaliza las relaciones laborales y es inconstitucional”.

Aunque el dictamen aún no es aprobado; según el senador, la naturaleza de la iniciativa es para eliminar prácticas ilegales en la subcontratación. Pero las empresas consideran que es un atentado contra las inversiones. “El dictamen impide nuevas inversiones. Está poniendo en juego la firma del T-MEC porque está empezando a generar una falta de certeza jurídica en cuanto a la subcontratación”, asegura Elena Achar.

Se prevé que la iniciativa sea discutida en enero de 2020 mediante un Parlamento Abierto. “El reto es que se refuerce la observancia y vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo. Así, las empresas que se dediquen a esto no generarán estos vicios que van en contra del trabajador y la productividad de este país”, finaliza la integrante de TallentiaMx.

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